Xalapa, Ver.- La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, resulta “tramposa” y “convenenciera”, afirmaron diputados locales y senadores.
Si bien se propone derogar el artículo 331, queda vigente el 371 que tipifica el delito contra las instituciones de seguridad que contempla penalidades de hasta 15 años de prisión a quien impida o bloquee el paso de policías, o use equipo exclusivo de las fuerzas de seguridad estatal, o interfiera en la señal oficial para obtener información de autoridades de la SSP.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán y el senador Miguel Mancera confirmaron que la policía y ministerial, han usado el delito de ultrajes como gancho, y posteriormente les notifican algunos otros ilícitos como delitos contra las instituciones de seguridad pública, que aumenta la penalidad de ocho a 15 años, y hay agravantes.
Por su parte el priista, Marlon Ramírez Marín planteó que se hace necesario revisar el capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad pública, que se adicionó al código penal en marzo del 2021.
La historia del delito de ultrajes a la autoridad
En Veracruz se inició una polémica por la adición de dos párrafos al artículo 331 en el que se establecía cuándo una persona incurría el delito de “ultrajar” a una autoridad y la penalidad que eso implicaba.
Un ciudadano no estaba en la libertad de insultar, agredir o amenazar a un policía, pues eso lo obligaba a ser procesado por el delito de ultrajes que alcanzaba una penalidad de hasta siete años.
Una queja del senador Ricardo Monreal llevó a voltear los ojos a Veracruz, pues aseguró que la figura de ultrajes se usaba para fabricar delincuentes, y apoyó a seis jóvenes que fueron encarcelados y que lograron su libertad, luego de varios amparos.
La intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a la recomendación 146/2021 en la que se pidió al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez derogar el delito.
“Se solicita al gobernador constitucional de Veracruz que, de manera particular, accione el procedimiento legislativo en el estado, a efecto de proponer la derogación del numeral 331 del Código Penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en beneficio de la población residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad”.
Este lunes 01 de enero el gobernador Cuitláhuac García Jiménez remitió la iniciativa en la que pide desaparecer el delito, tal como lo instruyó la CNDH.
El 22 de diciembre de 2021, mediante oficio 83848, signado por la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, fue notificada al titular del Poder Ejecutivo del Estado la recomendación 146/2021, que fue aceptada a través del oficio número 01/2022, de fecha 11 de enero del año en curso, establece en la exposición de motivos del documento que se remitió a comisiones.
Y en punto sexto, pidió: “mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa; remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”.
En su propuesta, García Jiménez destaca que se dejaría un vacío legal para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a las policías y elementos de seguridad pública en el cumplimiento de su deber.
Sin embargo, el código penal, en su artículo 371, establece que comete el delito contra las Instituciones de Seguridad Pública y se le impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias a quien:
“Dañe o impida el paso de vehículos de las instituciones de seguridad pública estatal o municipal, utilizando instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso contundentes o de cualquier material;
Posea, porte o utilice, equipos de comunicación de cualquier tipo para acechar, vigilar o realizar cualquier acto encaminado a obtener y comunicar, sin un fin lícito, información a cualquier persona sobre las acciones, actividades o labores de los integrantes o elementos de las Instituciones de Seguridad Pública estatal o municipal;
Propuesta de Cuitláhuac es “convenenciera”.
La legisladora Ruth Callejas Roldán confirmó que lo que presentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez es solo para minimizar las críticas contra su gobierno pues, aunque eliminan el delito de ultrajes se queda el 371 quinquies, que establece una pena más alta.
La representante de MC, comentó que lo que se está haciendo es imputar el 331 y el 371 del código penal, lo que limitará que puedan salir algunas de las personas que están en la cárcel.
“Yo creo que se analizó bien el código penal, porque la CNDH se limitó a pedir el delito de ultrajes a la autoridad, sin analizar la penalidad, y los otros delitos”, consideró en entrevista.
Recordó que existe una acción de inconstitucionalidad que tiene por objetivo echar abajo la reforma al código que incluye el capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad.
“El delito de ultrajes ha sido el gancho, y ya estando ahí les notifican homicidio, secuestro, etc., a lo mejor los que están por ultrajes pueden salir, pero habría que ver qué otros delitos se les imputa”.
Lo hecho por García Jiménez solo es por conveniencia para que se diga en los medios “ya cumplió”, pero no se está revisando el tema de fondo, pues si bien hay que cuidar a los elementos de seguridad, no se puede pasar por encima de los ciudadanos.
La legisladora comentó que en el caso de la propuesta del PAN si incluye derogar el delito conta las instituciones; y la del PT solo baja la penalidad, para que el tema quede en sanción administrativa.
Senado del PRD advierte que se mantendrán las detenciones
Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera afirmó que de aprobarse la iniciativa en los términos que propuso el mandatario estatal todavía podrían continuar las detenciones arbitrarias.
Durante la Sesión de Instalación del Segundo Periodo de Sesiones en el Senado de la República, Mancera indicó que García Jiménez pidió a los diputados en Veracruz derogar el artículo 331 del Código Penal, pero dejando intacta la disposición “espejo” contenida en el artículo 371 Quinquies.
“El gobierno de Veracruz está proponiendo su derogación (del delito de ultrajes), pero quiero llamar la atención a este pleno porque esa derogación está incompleta”, expuso en la tribuna de la Cámara Alta.
PRI pide que se vote en periodo extraordinario
Por su parte, el diputado local, Marlon Ramírez Marín comentó que consultó con el presidente de la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, grupo al que pertenece, el total de iniciativas que han sido turnadas al grupo de trabajo para empezar a hacer un análisis.
El tricolor considera que es importante se revisen de nuevo las reformas al código penal, especialmente el capítulo de delitos contra las instituciones públicas, pues eso también genera incertidumbre a la población.
“Si no, se modifica de manera parcial una legislación que después te pueden aplicar (la figura legal) por otro tema. No podemos tardarnos tanto, porque fue una recomendación de la CNDH, pero también porque hay personas que están privadas de su libertad”.
Comentó que es importante que se revise que se entiende por autoridad y por agresión, con la intención de que ese tema no se deje a interpretación de unos cuántos, y más tarde se use como un arma contra las personas.El legislador consideró oportuno que la revisión se haga en breve y que sea botado por el pleno del Congreso y no sólo por la permanente, al ser una ley secundaria, “lo correcto sería para tener listo el dictamen y convocar al pleno (a un periodo extraordinario)”.
Isabel Ortega
