El día que atentaron contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una figura ascendente de la derecha con solo 39 años, los colombianos tuvieron un déjà vu. «Volvimos al pasado», pensaron muchos.
La muerte de Uribe —en agosto de 2025, dos meses después del atentado— fue un balde de agua fría para una nación que parecía haber superado los peores momentos de la guerra, los años 80 y 90, cuando los magnicidios, las bombas y los secuestros eran cuestión de la rutina.
Colombia ya no tiene un conflicto armado que amenace su democracia ni cifras de homicidios que lo hagan el país más violento del mundo, como ocurría hace 30 años.
Incluso con sus problemas, la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla más grande del momento, las FARC, significó una evolución: la apertura de una era en la que temas como las pensiones, la desigualdad o el medio ambiente pasaron a liderar el ranking de prioridades.
Y así fue. En 2022, tras un estallido social que evidenció la voluntad de cambio, el exguerrillero Gustavo Petro ganó la presidencia. Era la primera vez en dos siglos que un movimiento popular de izquierda llegaba al poder.
Algunos podrían haber pensado que se estaba pasando la página de la violencia.
Pero no fue así. Durante sus cuatro años de mandato, Petro ha querido negociar la desmovilización de los varios grupos armados que aún operan en el país. Lo llamó «Paz Total», una ambiciosa iniciativa para pactar acuerdos con todos, a pesar de las notables diferencias que había entre ellos: los hay narcotraficantes, extorsionistas, exguerrilleros, exparamilitares y un largo etcétera de variantes que se yuxtaponen caóticamente.
La violencia en Colombia, aunque disminuyó tras 2016, no cesó, sino que se transformó, se fragmentó, se desordenó.
